El Gobierno canario manifiesta


En base a la información publicada hoy sábado en su medio de comunicación con el titular: Anticorrupción investiga al Gobierno socialista canario por ‘caso mascarillas’ de 4 millones, y ante la afirmación de que el Gobierno canario nunca solicitó los productos pagados, le informamos lo siguiente:

En mayo de 2020, estando en plena pandemia, el Servicio Canario de la Salud (SCS) compró por contrato de Emergencia un millón de mascarillas 3M 1860 N95, por cuatro millones de euros que no llegó nunca a recibir porque tras varios retrasos, justificados por la empresa suministradora aludiendo a la situación de inestabilidad de mercados y falta de material protector a nivel internacional, el producto fue incautado y destruido por Aduanas por considerarlas falsas, sin conocimiento previo del SCS y sin que se realizara entrega alguna.

Ante el incumplimiento del contrato por la empresa suministradora, el SCS inició el 1 de febrero de 2021, el procedimiento para la resolución de contrato (procedimiento que engloba intento de notificaciones y publicación en el BOC y BOE (notificaciones que fueron devueltas) entre otras gestiones administrativas realizadas) para que la empresa suministradora, RR7 United SL, reintegrara la cuantía pagada por incumplimiento de contrato. Asimismo, el 13 de mayo de 2021 se dictó la Resolución para resolver el contrato suscrito y se ordena la emisión de carta de pago, previa a la petición, por parte del SCS, a la Agencia Tributaria canaria del inicio de la vía ejecutiva del reintegro.

Por otra parte, la Fiscalía, a instancias de la denuncia de un particular, ha requerido al SCS los expedientes de compras entre las que se encuentra las que debieron ser suministras por la empresa RR7. Todas las compras se realizaron atendiendo al marco normativo y sólo el expediente de compra con RR7 United SL generó problemas por incumplimiento de contrato.

El sistema de compras por Emergencia, contemplado en la Resolución del 3 de abril de 2020 por la Dirección General de Patrimonio y Contratación para el sector público, responde a la coyuntura de pandemia y a la urgencia de adquirir material de protección contra la COVID-19 en plazos que por la vía ordinaria hubiera sido imposible adquirir. Se trata de un sistema de compras legal y que resultó muy útil durante la pandemia.

Los pagos a cuenta tienen tienen amparo jurídico para su realización por el RDL 7/2020 de 12 de marzo y hay que tener presente en todo momento que el expediente de compra se produjo con motivo de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la pandemia en un momento en el que España se encontraba en Estado de Alarma y los servicios sanitarios de todo el mundo carecían del material protector necesario y suficiente para sus profesionales.

El personal sanitario no se vio privado de material de protección, objetivo primordial del SCS para evitar la transmisión del coronavirus entre los profesionales.



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