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El regalo de Marlaska a Urkullu con las cárceles vascas hace aguas: éxodo de funcionarios «engañados»


Que la cesión del control de las cárceles del País Vasco al Gobierno autonómico ha sido más política que otra cosa es una obviedad que merece poca reflexión. Sin embargo, que para llevarla a cabo haya sido necesario engañar supuestamente a varias decenas de funcionarios de prisiones, eso ya es harina de otro costal. OKDIARIO ha sabido que al menos 70 trabajadores penitenciarios han puesto en manos de sus abogados lo que ellos consideran un engaño por parte del Gobierno Vasco, pero del que también responsabilizan al Estado español y al Ministerio del Interior, con el ministro Marlaska a la cabeza. Concursaron para trabajar en las cárceles vascas bajo las condiciones que allí se dan desde hace décadas, pero ahora esas condiciones corren peligro de continuar.

Una cárcel requiere de tres elementos sin los cuales su funcionamiento no es posible: presos, funcionarios de prisiones y dinero, mucho dinero. En octubre del año pasado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, regaló al País Vasco el control de las tres cárceles que hay en su territorio autonómico. El Gobierno ponía así la guinda a una política penitenciaria extremadamente favorecedora con el acercamiento masivo de presos de ETA a las cárceles del País Vasco, condición puesta sobre la mesa tanto por PNV como por EH-Bildu, para llegar a determinados acuerdos políticos con el Ejecutivo de Sánchez.

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Pero a Marlaska no le ha valido con aprobar acercamientos a discreción de etarras independientemente de la gravedad de sus delitos y de sus condenas. Si en este tránsito también corrían peligro los funcionarios de prisiones ese no iba a ser un problema que frustrara la transferencia de competencias. Las tres cárceles vascas y sus casi 1.400 presos llevan 6 meses bajo el control del Gobierno Vasco y ya tienen un grave conflicto abierto con sus trabajadores.

El plus de peligrosidad, en peligro

Trabajar en las cárceles nunca ha sido fácil. Trabajar en las cárceles del País Vasco lamentablemente ha tenido siempre una complicación excepcional. El colectivo cuenta entre sus filas con varias víctimas mortales asesinadas a manos de ETA, algunos secuestros, obviamente el cautiverio de Ortega Lara destaca de manera dramática, pero es que además han sido víctimas, ellos y sus familias, de episodios de acoso fuera y dentro de prisión por parte del entono radical abertzale.

Por esos motivos los trabajadores penitenciarios cuentan con tres excepcionalidades en sus condiciones laborales que los distinguen del resto de funcionarios del país. En su salario cobran un plus por peligrosidad al tener que tratar con presos de la banda que si en el resto de España ya gozan de un estatus casi de intocables, en el País Vasco esa situación se multiplica por 100. A ese plus hay que sumar otro concepto del que disfrutan los funcionarios vascos y que coloquialmente se denomina ‘días psicológicos’, una serie de jornadas extra de descanso para poder salir del entorno de hostilidad que conlleva el sistema penitenciario vasco. Sobre esto último pivota un tercer derecho especial: el uso de pabellones por parte de los trabajadores, por ejemplo, para dormir entre turnos ya que como medida extra de seguridad sus casas suelen estar muy lejos de las cárceles en las que trabajan por protección propia y de sus familias.

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Pues todos estos derechos propiciaron que decenas de funcionarios concursaran para obtener plazas en las cárceles vascas antes de que Marlaska se las regalara a Urkullu, y en esos concursos las condiciones eran las ya explicadas. Pues bien, al menos 70 trabajadores se plantean llevar a los tribunales la situación porque una vez llegados al País Vasco se les ha dicho que a los nuevos funcionarios esas condiciones no se les va a poder mantener, sólo a quienes ya trabajaban allí antes. Este diario ha hablado con alguno de estos trabajadores y aseguran sentirse «engañados» por esta situación.

Esto ha provocado un éxodo de trabajadores que el Gobierno Vasco ha venido negando durante meses hasta que sus propios actos han venido a enmendar sus palabras: han tenido que contratar a más de medio centenar de interinos para mantener las plantillas de las cárceles.

Ya sea por cuestión de seguridad, por respeto a las condiciones laborales o simplemente por cuidado de los trabajadores, lo cierto es que Marlaska regaló las cárceles vascas sin prestar atención a cuestiones como estas, así que se entiende que ahora los funcionarios busquen en un tribunal la solución al problema que les creó un político.



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