Convertido en socio preferente de Pedro Sánchez, los herederos de ETA aprieta en sus reclamaciones al Gobierno, entre las que sobresale como una prioridad la política penitenciaria hacia los presos de ETA. El partido -que se ha revelado como imprescindible para que Sánchez pueda sacar adelante su acción legislativa- reclama la salida de los etarras de las prisiones y el acceso inmediato a terceros grados lo que en la práctica supondría su excarcelación.

El entorno de presos de ETA ya pone cifras a esa pretensión. En un documento reciente, piden el acceso al tercer grado para 122 reclusos -24 ya lo disfrutan actualmente-y consideran además que «151 presos deberían estar saliendo de permiso si se les aplicara la legalidad ordinaria». También reclaman a Sánchez que se facilite «la vuelta de los 24 exiliados y ocho deportados políticos vascos», en alusión a etarras fugados de la Justicia. En el informe se precisa que 19 presos padecen «enfermedades graves e incurables» y otros siete «tienen más de 70 años», dos condiciones que, consideran, deberían favorecer su salida inmediata de la cárcel. Además, exigen mecanismos de «revisión de penas» para otros 60 etarras.

El portavoz de Sortu -partido vertebral de la coalición los herederos de ETA, socio de Sánchez-, Arkaitz Rodríguez, consideró en una entrevista el pasado viernes que «no es razonable» que 11 años después de la «desaparición de la violencia de ETA continúe habiendo presos de motivación política en las cárceles», de nuevo en alusión a los etarras condenados. Rodríguez incluso afirmó que un juicio contra ex jefes de ETA tiene como «único sentido la venganza y mantener a este pueblo anclado en el pasado».

Acercamientos

Mientras, el Gobierno prosigue con su política de acercamientos a las cárceles del País Vasco y Navarra. Los últimos han sido especialmente simbólicos, pues entre los nueve etarras acercados se encuentran, como avanzó OKDIARIO, los asesinos de quien fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián por el Partido Popular, Gregorio Ordóñez, y del dirigente socialista, Fernando Buesa. Ninguno de esos nueve terroristas han colaborado con la Justicia y su historial acumula hasta 40 asesinatos.

Con ellos, más del 60% de etarras se encuentran ya en las cárceles del País Vasco. Cabe recordar que esta comunidad adquirió la competencia en Prisiones el pasado octubre y, desde entonces, aplica una política penitenciaria flexible con los presos de ETA que facilita la concesión de terceros grados y la puesta en libertad de los asesinos.

«Esto no hace otra cosa que reforzar lo que llevamos denunciando mucho tiempo desde nuestra asociación, no los quieren cerca, los quieren libres», advierten desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

los herederos de ETA aprieta con una reclamación que ya Arnaldo Otegi expresó con claridad ante su militancia en octubre pasado, cuando afirmó: «Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, pues los votamos».

Desde hace meses, su partido se ha convertido en un aliado de primer orden para Sánchez, salvando distintas votaciones en el Congreso de los Diputados como, recientemente, la de la llamada Ley de ‘Memoria Democrática’.

Mientras los proetarras intentan blanquear el historial asesino de ETA, afirman «lamentar» el dolor de las víctimas, como hace unos días manifestó la portavoz de los herederos de ETA, Mertxe Aizpurua, en el Congreso de los Diputados.

«Desgraciadamente, el pasado no tiene remedio, sabemos que nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado, pero estamos convencidos de que es posible al menos aliviarlo desde el respeto, la consideración y la memoria de todas las víctimas», afirmó, sin condenar la actividad criminal de la banda.



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